Fynsa
Recientemente, el INE informó que el IPC de mayo aumentó 0,3% versus el mes anterior, lo que se encontró en línea con nuestras estimaciones, aunque por sobre lo que proyectaba el mercado. De esta manera, los precios acumulan un alza de 2,5% en lo que va del año, mientras que, si lo comparamos versus el año anterior, la inflación llegó a 4,1%.
Hay algunos elementos que nos llamaron la atención en esta oportunidad, como el mayor porcentaje de productos que subieron de precio versus meses anteriores (y versus otros mayos), en un contexto de disminución constante de presiones inflacionarias, gracias al actuar decidido del Banco Central y la política monetaria contra cíclica ejecutada luego del ciclo de inflación de 2022-2023. De todas maneras, no nos parece que la convergencia inflacionaria esté en peligro. Bueno, por lo menos no por estas razones.
Mencionamos lo anterior, puesto que, desde la oferta, emergen riesgos considerables.
Cuando pensamos en el estallido social, a todos se nos viene a la cabeza el slogan “no son 30 pesos, son 30 años”, haciendo referencia al incremento del precio del transporte público que gatilló la protesta social. Sin embargo, pocos recuerdan que, durante ese mismo mes, se anunció un incremento cercano al 9% de las tarifas eléctricas, el que alcanzó a materializarse. Considerando la convulsionada situación social, porque decir que estaban quemando el país puede sonar muy fuerte, el gobierno echó pie atrás al incremento, volviéndolas a su nivel inicial y acordando con las empresas eléctricas un plan para no aumentar los precios presentes a cambio de no reducir los precios futuros de manera inmediata cuando correspondiera aplicar los contratos licitados a tarifas más bajas. Este plan tenía un costo financiero para las distribuidoras, pero las negociaciones llegaron a buen puerto.
Este plan se renegoció nuevamente para evitar un incremento relevante de las tarifas durante 2022, considerando la situación ya tremendamente inflacionaria que enfrentaba el país. En esta oportunidad, no solo había que hacer frente a los incrementos pendientes, sino también a aquellos adicionales que emanaban luego de cambios importantes en los parámetros que determinan las tarifas, como por ejemplo el tipo de cambio.
Pero no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.
Así, llegó el momento de aplicar las alzas pendientes. Sin embargo, por si fuera poco, se suma a otros incrementos provenientes de otros componentes que conforman las cuentas de la luz. Así, según estimaciones, las tarifas eléctricas aumentarán en julio y octubre del presente año, además de enero de 2025, acumulando un incremento que sería cercano al 70%. Sí, leyó bien: 70%. De esta manera, solo por la incidencia directa de las cuentas de la luz en el IPC, durante julio incidiría en 0,4 pp; en octubre 0,7 pp y en enero otro 0,4 pp. Si las estimaciones sobre estas alzas son correctas, según nuestras proyecciones de inflación, el IPC entonces cerraría 2024 en 5,0% y no en el 3,8% de nuestro escenario central.
De todas formas, hay que tomar esto con cuidado. Este es un año eleccionario y sabemos que la población no estará muy feliz de saber que las tarifas eléctricas le van a aumentar un 70%. Por lo tanto, no es descartable que algún mecanismo adicional que evite alzas tan significativas sea aplicado, no pudiendo descartar algún programa similar al original para no presionar las ya golpeadas finanzas públicas. Pero es difícil pensar que algo de estas alzas no se traspasará asimismo al público, probablemente la duda simplemente es cuánto.
