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Hace unas semanas, todos escuchamos o leímos sobre el anuncio de la condonación progresiva del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Desde su implementación, el CAE ha sido una herramienta crucial en Chile para facilitar el acceso a la educación superior y Centros de Formación Técnica a miles de familias chilenas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el sueño de muchos de ellos de acceder a la educación superior no ha significado necesariamente mejores oportunidades laborales, como tampoco mayores ingresos futuros, lo que ha dificultado incluso el pago del mismo crédito.
En 2011, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, se dio un paso importante al reducir la tasa de interés del CAE del 6% al 2%. Además, se establecieron pagos contingentes a los ingresos de los beneficiarios, con una cuota máxima que no podía superar el 10% de sus ingresos mensuales. Esta medida benefició a 365 mil deudores, lo que para muchos pareció ser una solución parcial.
El segundo gobierno de Sebastián Piñera intentó en 2018 introducir cambios significativos en el sistema de crédito educativo en Chile. La propuesta incluía varias medidas:
Pese al atractivo de estas propuestas, el mensaje del Ejecutivo no avanzó en su tramitación parlamentaria, y el proyecto terminó archivado.
Hasta diciembre de 2023, el CAE ha beneficiado a 1.219.300 personas, acumulando un saldo total de créditos de UF 283 millones. De este monto, el 58% ha sido financiado por el Fisco y el 42% por la banca. Solo en materia de pago de garantías, el Fisco ha desembolsado más de US$ 1.257 millones.
Una simulación reciente estimó que la propuesta inicial del actual gobierno de condonar universalmente la deuda CAE costaría alrededor de US$ 11.900 millones, mientras que condonar solo la deuda de los estudiantes que desertaron costaría US$ 1.200 millones. La condonación es equivalente a 3,7 puntos del PIB, representa casi el 90% del gasto anual en educación, equivalente, por ejemplo, a construir 260.000 viviendas sociales (hoy se construyen 50.000 al año).
Alternativas de condonación más focalizadas también se han considerado. Por ejemplo, hay quienes han planteado condonar la deuda de aquellos con saldo remanente anterior a la reforma de 2012, lo cual beneficiaría a 300.000 personas, a un costo de US$ 4.000 millones.
En mi opinión, el crédito es una idea noble que permitió ampliar el acceso a la educación superior, pero que no dio los resultados esperados.
A lo largo de los años, el fisco ha reducido la efectividad de sus cobranzas. En 2012, la Comisión Ingresa demandó el pago a 16.224 deudores y Tesorería consiguió retener dinero a 3.365 (21%). En 2023, se persiguió a más de 300 mil deudores, pero Tesorería solo ejecutó la recuperación a 34 mil (11%). Las cifras más grandes hablan de costos por $9 billones hasta el año 2023. Su mala administración generó crecientes costos para el Fisco, mayores subsidios para los bancos, el crecimiento de instituciones universitarias que no necesariamente cumplían con estándares básicos de calidad, y un nivel de endeudamiento de los jóvenes que compromete sus ingresos futuros. Todo ello se ha traducido en incertidumbre y morosidad.
No podemos desconocer que el sistema ha experimentado mejoras y que, probablemente, necesite una nueva revisión más profunda. Cualquier nueva propuesta para perfeccionar este mecanismo de financiamiento debiera conciliar la necesidad de aliviar a los deudores con la sostenibilidad financiera del sistema.
En este momento, considerando las necesidades del país en diferentes ámbitos, incluido, por cierto, educación, es irresponsable plantear una condonación universal de este crédito. Es regresivo e inequitativo. Regresivo, porque beneficiaría probablemente a personas que pueden pagar, e inequitativo porque un perdonazo a quienes lo adeudan castiga a miles de jóvenes que con esfuerzo lo han terminado de pagar.
La discusión sobre el perfeccionamiento del sistema de financiamiento de la educación superior es crucial para el futuro de miles de jóvenes chilenos que aspiran a contar con herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida. Un aspecto clave del mecanismo que se proponga es que debe incluir incentivos para continuar con su pago, solo así se podrá garantizar que el acceso siga siendo un motor de desarrollo y equidad en el país.
