193 países más la Unión Europea firmaron en 2015 el Acuerdo de París, en el que se comprometieron a reducir sus emisiones de efecto gases de invernadero en las próximas décadas para evitar el aumento de la temperatura del planeta este siglo más allá de los 2° centígrados. Bajo el acuerdo, prácticamente todas las naciones del mundo han establecido planes para el cumplimiento de determinadas metas para alcanzar ese objetivo. La drástica reducción del consumo de energía fósil –responsable del 70% de las emisiones de GEI– y su reemplazo por energías renovables son parte de la columna vertebral de estos planes.

Sin embargo, hay un obstáculo que atenta contra los objetivos de descarbonización del mundo: los subsidios a los combustibles fósiles. ¿Sabes cuánto sumaron entre 2020 y 2022? Nada menos que US$1,3 billones (millones de millones), equivalente al 1,3% del PIB mundial, según Ruud de Mooij, vicedirector de asuntos fiscales del Fondo Monetario Internacional. Pero esa enorme cifra solo considera los subsidios directos. Si sumamos los subsidios indirectos –los efectos del calentamiento global, contaminación y daños a la salud pública—la cifra se multiplica y alcanza el equivalente al 7% del PIB global. Ese es el promedio. Según Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas de Ecuador y coautor de un artículo sobre el tema publicado por el Comité de ministros de Finanzas para la Acción Climática, en su país los subsidios directos a los combustibles sumaron en 2023 un 3% del PIB, más que el presupuesto de salud y un 70% del presupuesto de educación.

¿Qué hacer frente a este escenario? Lo más obvio es reducir esos subsidios. Pero es una tarea particularmente compleja. Solo hay que ver las fuertes protestas que está enfrentando el gobierno ecuatoriano debido a sus planes de eliminar los subsidios a los combustibles. No hay una solución mágica para el tema, que debe ser abordado contemplando sus múltiples aristas, como señalan Vega y los otros coautores del artículo, los ministros de finanzas de los Países Bajos, Uruguay y Dinamarca. Algunos de los puntos propuestos incluyen la gradualidad de los procesos de reducción de los subsidios, establecer planes de ayuda a los sectores de menores ingresos y a los sectores económicos intensivos en energía, coordinación regional y planes efectivos de comunicación. 

Parte fundamental de estas estrategias es calcular el precio real de las emisiones de carbono, esquema que actualmente está vigente en 47 países, los que cubren aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de GEI, con un valor promedio de US$22 por tonelada de CO2 equivalente. Este precio promedio alberga un subsidio sobre el valor de US$85 que debería tener la tonelada de CO2 para limitar el aumento de la temperatura planetaria más allá de los 2° centígrados este siglo, según los cálculos de los expertos.

Sin duda, un camino largo y difícil. Puedes ver el artículo de los ministros de finanzas en Countries’ opportunities and challenges for reforming fossil fuel subsidy policies in the era of climate action | Coalition of Finance Ministers (financeministersforclimate.org)